Comienza en Grecia el juicio por el escándalo de escuchas con el 'software' espía Predator / Foto: Angelos Tzortzinis - AFP/Archivos
Comienza en Grecia el juicio por el escándalo de escuchas con el 'software' espía Predator
Un juicio sobre las escuchas telefónicas a políticos y periodistas con el 'software' espía Predator comienza este miércoles en Grecia, tres años después del escándalo que sacudió el país.
El caso, descubierto a inicios de 2022 por una de sus principales víctimas, el periodista económico Thanassis Koukakis, estremeció entonces al gobierno conservador de Kyriakos Mitsotakis y provocó la renuncia del jefe de inteligencia y otros altos funcionarios.
El escándalo saltó a los titulares en julio de ese año, cuando Nikos Androulakis, líder del partido opositor griego Pasok-Kinal y entonces miembro del Parlamento Europeo, reveló que su teléfono había sido objeto de "un intento de infección".
En este juicio, dos israelíes y dos griegos son juzgados en el Tribunal Penal de Atenas acusados por "violación del secreto de las comunicaciones telefónicas" y se enfrentan a una pena máxima de cinco años de prisión.
El proceso, inicialmente previsto para marzo, se había pospuso seis meses.
Tres de los acusados son antiguos ejecutivos de la empresa griega Intellexa, que comercializaba Predator en ese país europeo.
Ese 'software' espía permite a los hackers acceder a mensajes, fotos e incluso activar de forma remota el micrófono o la cámara del dispositivo infectado.
En 2023, Intellexa fue incluida en una lista de empresas prohibidas en Estados Unidos por suponer una amenaza para la seguridad nacional, junto con Cytrox, que desarrolló Predator en Macedonia del Norte.
El periodista Koukakis aseguró a la AFP que las interceptaciones fueron "una verdadera violación del estado de derecho".
Koukakis presentó una querella civil como parte de este juicio tras ser puesto bajo vigilancia con el 'software' espía.
En medio del escándalo, el primer ministro Mitsotakis, que en ese momento se enfrentó a una moción de censura en el Parlamento, insistió en que la vigilancia era legal. Desde entonces, se prohibió su uso.
La prensa publicó posteriormente listas de las personas espiadas, entre las que figuraban ministros, altos mandos militares, periodistas y ejecutivos de empresas.
F.Carpenteri--NZN
